9 enero, 2019
Ofensiva del Gobierno de Castilla y León contra las viviendas turísticas ilegales. El director general de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, se reunió hoy con los concejales de Turismo de las capitales de provincia de la comunidad para reforzar las vías de colaboración entre las administraciones para poner coto al intrusismo en el sector turístico.
Se trata de uno de los ejes de la campaña contra los alquileres ilegales que emprende Castilla y León. El objetivo es lograr una mayor coordinación entre la propia comunidad y las policías locales y municipales para reforzar las inspecciones y poder aflorar aquellos alojamientos que operan al margen de la ley.
Y es que el Gobierno autonómico sospecha que el número de pisos turísticos en Castilla y León podría ser incluso superior a los 818 que figuran en el registro de la comunidad. Para ello, además de reforzar las inspecciones, establecerá una fórmula preventiva. Se trata del acuerdo sellado entre la Consejería de Cultura y Turismo y la plataforma turística Booking. En él se establece que solo podrán anunciarse en el portal aquellas viviendas que aporten su número de registro y, que, por tanto, tengan su situación declarada a las autoridades. Aquellas que figuren actualmente en su página web pero no aporten el número de registro en el plazo fijado, serán automáticamente excluidas.
La comunidad autónoma, que ultima su plan de inspección turístico para el período 2019-22, espera que el acuerdo con Booking no sea el último y que en los próximos meses pueda lograr el mismo compromiso de otros portales turísticos.
Castilla y León estrecha el cerco sobre los pisos turísticos irregulares para actuar sobre tres cuestiones básicas. Por un lado, controlar el intrusismo en el sector e impedir que estos establecimientos se libren del pago de impuestos. Por otro, preservar que la estancia en los alojamientos de la comunidad siga siendo sinónimo de calidad.