9 agosto, 2018
El grupo de trabajo que abordará la regulación de las viviendas turísticas en España echará a andar en septiembre. En el mismo tendrán voz también los afectados, como las plataformas de alquileres Airbnb o Homeaway. El objetivo es el de establecer unas normas básicas que arrojen algo de luz sobre la enmarañada normativa que existe al respecto en las diferente comunidades autónomas españolas.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ya ha explicado que en estos meses están repasando las normativas existentes, tanto a nivel autonómico, como estatal, para «tratar de encajar la definición de vivienda turística». Se ha mostrado partidaria de la creación de un registro único de viviendas turísticas y ha avanzado algunos detalles.
La titular de Turismo ha declarado que «nos hemos dado un margen este año en el que creo que podemos tener realmente perfilados cuáles van a ser los cambios y llevarlos al Parlamento para que puedan ser aprobados». Así lo ha indicado en una entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press.
Si bien las competencias sobre esta regulación son de las comunidades autónomas, la ministra ha señalado la importancia del trabajo de esta mesa común para analizar y reorientar la política de alquileres.
Subida del alquiler de los pisos
La ministra ha señalado también de forma especial el impacto que las viviendas de uso vacacional han tenido sobre la subida de los precios de forma genérica. Por ello ha destacado que «el incorporarlas y estar coordinados nos va a dar una transversalidad en las políticas que hagamos que va a ayudar a mejorar la regulación de la vivienda turística y del alquiler en general».
Desde el ministerio trabajan en la mejora del modelo para que las plataformas de alquiler paguen impuestos
Maroto ve viable la creación de un registro único de pisos en el que figuren todas las viviendas ofertadas. Esta medida ya ha sido reclamada por algunas plataformas de alquiler vacacional. En la entrevista concedida a Europa Press la ministra ha señalado que la intención del gobierno central es la de «trabajar con las comunidades autónomas para un registro único de forma que nos transfieran los datos para poder contar con información de este fenómenoy valorar su evolución. Al hacerlo por código postal, podemos tener muy identificadas su número y poder actuar».
Sobre las obligaciones fiscales de las plataformas de alquiler, la ministra ha indicado que están trabajando para mejorar el modelo «no sólo para su identificación y ver qué servicios dan, sino para saber cuánto se paga por un servicio que está generando unos beneficios económicos».