13 diciembre, 2018
Galicia quiere que los criterios de igualdad sean relevantes en la concesión de los certificados de excelencia turística. El conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, se reunió con el director del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Fernando Fraile, a quien le trasladó su propuesta de incorporar estos criterios. Galicia, dentro de su modelo de turismo de calidad y comprometido, busca impulsar el fomento de buenas prácticas en el sector que favorezcan la perspectiva de género, con sellos que atiendan a la responsabilidad social empresarial.
Como destacó el conselleiro, que estuvo acompañado por la directora de la Agencia Turismo de Galicia, Nava Castro, la Comunidad gallega, con un total de 273 acreditaciones, es líder en distintivos Q de Calidad Turística, un reconocimiento que incentiva a las empresas a cumplir una serie de requisitos. La pretensión de la Xunta, en línea con las demandas sociales, sería que en el futuro puedan evaluarse también principios de igualdad en este ámbito, con especial atención a aquellos colectivos más susceptibles de estar en riesgo por esta circunstancia.
El objetivo final es mejorar las condiciones de trabajo, con medidas de calidad en el empleo, haciendo hincapié en aquellas que puedan afectar al sector del alojamiento turístico, en particular a las camareras de pisos.
A juicio del Gobierno gallego, que viene colaborando con el ICTE en los últimos años en el fomento e implantación de este tipo de certificaciones en sus servicios e infraestructuras turísticas, la ponderación de estos principios en su concesión favorecería la equidad en el sector.
De este modo, la Xunta avanza además en el cumplimiento del mandato parlamentario derivado de la moción sobre empleo en el sector turístico aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado 4 de diciembre. Entre otros aspectos, en el texto acordado se instaba a reunirse con los representantes del sector para impulsar medidas en el ámbito de la sensibilización, de la formación y de la aplicación de criterios de contratación que protejan a colectivos en riesgo.