8 mayo, 2018
Esta semana ha entrado en vigor el decreto de regulación de los apartamentos turísticos en Galicia. El mencionado texto legal obliga a los propietarios a registrar sus propiedades en el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas) y a pagar una tasa de 56,2 euros.
Son muchos los dueños de inmuebles que ya han iniciado los trámites para registrar su vivienda y conseguir la licencia de ocupación, la cédula de habitabilidad o el certificado final de obra que deben emitir los Ayuntamientos para acreditar que se ejecutaron las obras conforme a la legalidad. También necesitarán una declaración responsable de la Xunta certificando que ya no funcionan al margen de la legalidad.
Demanda de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció a finales de abril que demandará al Gobierno gallego ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) si no modifica la normativa y retira varios artículos que desde el organismo consideran «restricciones innecesarias». Aún así, la mayoría de los dueños de las viviendas de uso turístico prefieren, mientras tanto, acatar el decreto y evitar así las sanciones que van desde los 900 hasta los 9.000 euros.
La Xunta abre mañana, miércoles, el plazo, para que este verano se alquilen esos inmuebles ya dentro de la legalidad a los turistas que visiten la comunidad.
Por ahora el decreto sigue su curso y ante las quejas de Competencia, la Xunta se opone a cambiar el contenido de su decreto de viviendas de uso turístico, si bien el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, matizó el jueves que la asesoría autonómica está estudiando el tema y que tiene un mes para pronunciarse, es decir, cuando la norma ya llevaría dos semanas en vigor.
Competencia reclama al Gobierno gallego que suprima la potestad que concede a los ayuntamientos para limitar o prohibir en determinados barrios el alquiler turístico; censura la prohibición de alquilar por habitaciones y por un plazo máximo de 30 días; y critica los requisitos «exagerados» y servicios mínimos que elevan «de manera injustificada» los costes. Si una vez examinado el informe, el Ejecutivo autonómico decide seguir adelante sin tener en cuenta estas objeciones, el órgano supervisor ya avisó de que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG. El Superior gallego tiene además pendiente de resolver el recurso de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) que iba en esta misma línea.
No es la primera vez que Competencia actúa en contra de normas similares a las de la Axencia de Turismo de Galicia en relación a los pisos turísticos. Con éste ya son tres los decretos que ha impugnado y en los dos anteriores la Justicia le ha dado la razón. El primero de ellos fue el de la Comunidad de Madrid, donde los tribunales aceptaron todos los cambios requeridos por la CNMC. A finales de abril, justo un día después de conocerse el requerimiento a la Xunta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también tumbó en esa comunidad los mismos artículos que ahora le pide modificar al Gobierno gallego.