5 diciembre, 2019
MARÍA EIMIL /
«La propuesta del Parlamento Vasco de imponer restricciones al home sharing en las comunidades rurales no solo perjudicará a las familias y economías locales de la región, sino que también va en contra de cualquier política sostenible dirigida a detener la despoblación de las zonas rurales», indica la plataforma de reserva de alojamiento Airbnb. La compañía asegura, a través de un comunicado que en 2018 generó un impacto económico directo de más de 157 millones de euros en el País Vasco y subraya que se toma «muy en serio las preocupaciones locales y comparte el deseo de conseguir un modelo de turismo sostenible» en esta comunidad».
El comunicado es una respuesta a lo ocurrido el pasado 28 de noviembre en el Parlamento Vasco, cuando el PNV, PSE y EH Bildu votaron a favor de iniciar un debate sobre la modificación de la Ley de Turismo con el objetivo de limitar esta actividad. Los socialistas defendieron que, además de regular el alquiler en el medio rural del País Vasco (por un posible agravio comparativo con las casas rurales), la limitación de este tipo de alojamientos facilitará la preservación de los espacios.
La plataforma de reserva de alojamiento considera que esta propuesta «pone en riesgo una fuente de ingresos clave para miles de personas» y pone como ejemplo de buenas estrategias turísticas las decisiones que han tomado otras comunidades, entre ellas Cantabria, que la semana pasada dio luz verde a una nueva regulación que reconoce el derecho de los anfitriones a compartir su propio hogar.
El Gobierno de Cantabria decidió apostar por las viviendas de uso turístico de cesión temporal completa o compartida en el ámbito de la Comunidad Autónoma a través de la aprobación de un decreto por el que regula esta actividad. El objetivo, según el Gobierno de Cantabria, es dotar de un régimen jurídico propio a esta modalidad de alojamiento,estableciendo los límites imprescindibles para garantizar las condiciones de orden público, seguridad ciudadana, salud pública y protección de los consumidores».
El decreto persigue establecer un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal y entre las obligaciones para los titulares de viviendas turísticas establece el registro en la Dirección General de Turismo de inicio de actividad, la obligación de exhibir una placa identificativa en el exterior de la puerta de acceso o la disponibilidad de hojas oficiales de reclamaciones, además de exhibir en un lugar visible el número de teléfono previsto para atender cualquier circunstancia que afecte a la estancia o poner en conocimiento del público las normas de utilización y precios aplicables a los servicios y actividades ofertadas.
«Durante años, Airbnb ha contribuido al crecimiento económico y el turismo sostenible en todo el mundo, distribuyendo a los visitantes más allá de las zonas turísticas tradicionales», defiende la plataforma de alojamientos, que aporta datos para apoyar este argumento. Concretamente, señala que el 92% de los anfitriones en esta comunidad recomiendan restaurantes y cafeterías a los huéspedes y el 87% otras actividades, como visitas a museos, festivales o lugares históricos. Además, apunta que el 43% de sus huéspedes realizan gastos en el barrio en el que se alojan.