13 diciembre, 2019
PABLO LÓPEZ /
La Generalitat de Catalunya investigará de oficio, a través de su Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia si las condiciones que tuvieron que firmar los trabajadores de Ryanair en Girona para que la compañía aérea mantuviese su base de operaciones en el aeropuerto de esa ciudad vulneran el derecho laboral.
Ryanair comunicó que seguiría operando en Girona, aunque lo hizo a cambio de que sus emplados firmaran la conversión de sus contratos fijos permanentes en fijos discontinuos. Los 164 empleados debían firmar antes del 5 diciembre, bajo la advertencia de que, los que no lo hicieran, serían despedidos en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ya había puesto en marcha la compañía.
Los representantes sindicales habían calificado la solución ofrecida por Ryanair como un mal menor necesario para evitar el cierre y criticaron que el contrato contiene «clausulas abusivas». Ahora, el Gobierno catalán quiere revisar todo el proceso para, en palabras del propio Departamento de Trabajo de la Generalitat, «evitar que el mantenimiento de las empresas en nuestro país no se haga a costa de los derechos laborales».
La plantilla de Ryanair en Girona está compuesta de 164 empleados, algunos de los cuales, a través de sus representantes sindicales, han denunciado haber sufrido coacciones para aceptar las condiciones del contrato.
Las bases de Ryanair en Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote no correrán la misma suerte que la de Girona y cerrarán, tal y como estaba previsto. A mediados del mes de julio, la low cost irlandesa había anunciado el cierre temporal o indefinido de esas bases y de la de Girona, todas ellas calificadas como de bajo rendimiento.