17 agosto, 2020
La Rioja, Murcia, Castilla y León, Galicia y Cantabria son algunas de las comunidades en las que han entrado en vigor las nuevas restricciones, anunciadas el pasado viernes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Entre ellas se encuentra el cierre del ocio nocturno, la limitación horaria para los bares y restaurantes y la prohibición de fumar, tanto en la calle como en las terrazas si no se cumple la distancia de seguridad, que debe ser de dos metros (cuatro con los niños y mayores en algunas comunidades como Cantabria).
«La persecución a la que se está sometiendo a la hostelería pone en peligro entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo», indican desde Hostelería de España. Y es que la asociación considera que «las actuaciones se están centrando en el sector, sin contemplar en ningún momento medidas compensatorias».
“Es increíble que se esté demonizando a un sector que, en su gran mayoría, se ha comportado de manera ejemplar, y desde el primer momento ha asumido medidas mucho más rigurosas de las que se han impuesto a otros actividades», indica el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
Los hosteleros están de acuerdo en «actuar con contundencia ante los rebrotes» y, aunque indican que debe primar la seguridad, acusan al Gobierno de improvisación y de falta de coordinación y claridad, lo que les impide establecer un plan de actuación y una correcta organización.
En este sentido reclaman medidas compensatorias por parte de las Comunidades Autónomas, «que disponen de fondos que se pueden aplicar al refuerzo del sistema y de las medidas sanitarias». «Debería contemplarse que, cada vez que se produzcan medidas restrictivas a la actividad económica, se destinen parte de esos fondos a complementos de recursos que preserven el empleo», indican.
El sector hostelero supone el 6,2% del PIB y da empleo a más de 1,7 millones de personas. Además, según los datos del INE, el sector turístico supone un 12,3% del PIB. Según los cálculos de Hostelería de España, un 20% de los negocios hosteleros no han podido abrir todavía y unos 65.000 establecimientos no volverán a hacerlo, lo que se traducirá en una pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de empleos.