La victoria de Biden, un alivio para las empresas españolas con hoteles en Cuba

Son muchos los gobiernos, instituciones y empresas que, de forma más o menos explícita, han manifestado su alegría por la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses o, más bien, por la derrota del republicano Donald Trump y por el fin de sus políticas proteccionistas del America first (América primero). También las empresas turísticas y especialmente las grandes hoteleras españolas tienen mucho que celebrar, pues la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, según afirman los analistas políticos y económicos, acabará con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que activó Trump y que pone en jaque los intereses turísticos de las compañías españolas en Cuba.

La mencionada norma da la posibilidad a particulares cubano-estadounidenses de llevar a los tribunales a las compañías que explotan propiedades en Cuba que eran de ciudadanos americanos antes de la Revolución de 1959, es decir, abre la puerta a interponer demandas contra personas y empresas que se hayan beneficiado, directa o indirectamente, de activos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro.

La Ley Helms-Burton fue aprobada en 1996, durante la Administración del demócrata Bill Clinton, si bien su Título III permaneció inactivo hasta que Donald Trump tomó la decisión de recuperarlo. Desde entonces, compañías como Meliá, NH e Iberostar viven bajo la amenaza de la Justicia estadounidense. La situación provocó episodios muy sonados, como el veto de las autoridades estadounidenses al CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, y a una veintena de directivos de la hotelera, a los que se les impidió entrar en el país.

Meliá, con más de 50 establecimientos hoteleros, es la empresa española con más presencia en la isla, seguida a cierta distancia por Iberostar, con 32. Ambas compañías habían contratado los servicios de despachos de abogados internacionales ante la posibilidad de tener que hacer frente a la petición de indemnizaciones por haber invertido en la isla.

El anuncio de Trump de reactivar el Tírulo III de la Ley y de analizar la posibilidad de aplicar también el IV, que restringe la entrada a Estados Unidos de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan traficado con dichas propiedades, motivó en su momento un fuerte rechazo internacional. La Comisión Europea llegó a amanzar por escrito al Gobierno de Estados Unidos con una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).