12 mayo, 2020
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) continúa negociando con el Gobierno de España la extensión de los ERTES más allá del 30 de junio. Se trata de una de las principales preocupaciones de las empresas del sector, además de otras medidas que les garanticen poder retomar su actividad de forma paulatina. La CEHAT es la entidad que se encarga de las negociaciones con los representantes públicos «en las que los sindicatos CC.OO. y UGT han desempeñado un papel importante», indican desde la patronal de los hoteleros.
“Somos conscientes de la importancia de la negociación, en la que tratamos de hacer valer el consenso y el trabajo que hemos venido realizando también con los sindicatos, porque al final tenemos un objetivo común: superar cuanto antes esta pandemia y recuperar nuestra actividad cuando sea posible», señala el presidente de la CEHAT, Jorge Marichal.
La CEHAT y ambos sindicatos suscribieron el pasado 19 de abril el acuerdo que fue elevado al Gobierno y que recogía una serie de propuestas para proteger el empleo y garantizar la continuidad de las empresas. Entre ellas se solicitaba la concurrrencia de esa «fuerza mayor» para los ERTES por un periodo inicial de seis mese. Ahora, la CEHAT trata de conseguir que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo puedan extenderse más allá de esa fecha también para el sector alojativo.
El presidente de la CEHAT recuerda que la reapertura de estos establecimientos no tendrá lugar de forma automática al día siguiente de levantarse el estado de alarma. «Los clientes no estarán esperando en la puerta de los establecimientos para entrar, porque simplemente muchos no tendrán cómo llegar a nuestro país, con la conectividad aérea muy restringida”, insiste Jorge Marichal.
La actividad hotelera se vio obligada al cierre total de la actividad el pasado 26 de marzo con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. Desde entonces, la CEHAT se ha convertido en el altavoz de las cadenas y establecimientos con los agentes sociales y los representantes públicos para tratar de lograr el fortalecimiento de las empresas y proteger el empleo que estas generan, unos 260.000 puestos directos.