El Supremo rectifica y permite la prohibición gallega de alquilar viviendas turísticas por habitaciones

PABLO LÓPEZ / 

Las viviendas turísticas de Galicia deberán alquilarse en su totalidad o, lo que es lo mismo, no podrán arrendarse por habitaciones. Así lo confirma el Supremo, que ha anulado una sentencia, emitida en noviembre por el propio tribunal, que prohibía los artículos de la ley gallega que imponían esa restricción.

El Gobierno gallego había presentado un incidente de nulidad contra la anulación de los artículos de la norma, basándose en que una ley anterior que nadie había impugnado ya los recogía. Ahora, el Tribunal Supremo autoriza finalmente que los usuarios de las viviendas turísticas tengan la obligación de alquilarlas en su totalidad.

Los artículos anulados que finalmente seguirán figurando en la normativa impiden expresamente el alquiler por habitaciones. «La comercialización de la vivienda turística deberá consistir en la cesión temporal del uso y disfrute de la totalidad de la vivienda, por lo que no se permite la formalización de contratos por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de usuarios que formalicen distintos contratos», expone la ley en su artículo 4.2.

El otro artículo de la norma que en su momento suprimió el Supremo, el 5.1, reitera esta restricción al imponer que «la cesión de este tipo de viviendas será de la totalidad, sin que se permita la cesión por estancias».

La Xunta manifestó su satisfacción por la resolución del Supremo y resaltó la importancia de la ley para controlar los alojamientos. «La Xunta saluda esta decisión, que avala una normativa razonable a través de la cual se está regulando con eficacia un fenómeno global como es el del uso de las viviendas turísticas», explica el Gobierno autonómico.

Galicia cuenta actualmente con 9.872 viviendas de uso turístico reguladas por el Gobierno autonómico o, lo que es lo mismo, reconocidas como tales de acuerdo a la normativa gallega. La cifra supone apenas el 0,6% del número total de inmuebles existentes en la comunidad autónoma.

El nuevo Gobierno quiere restricciones

El documento que recoge las líneas maestras del acuerdo de Gobierno alcanzado por PSOE y Unidas Podemos incluye un párrafo en el que se anuncia, expresamente, la puesta en marcha de medidas que permitan a las comunidades de propietarios establecer restricciones a ese modelo de alquiler e incluso prohibirlo.

“Se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas restricciones para su ejercicio”, expone el documento, que ya ha generado preocupación dentro del colectivo de los dueños de viviendas turísticas.

Para justificar su decisión de impulsar una normativa más restrictiva con respecto a los pisos de alquiler turístico, PSOE y Unidas Podemos aluden a las supuestas limitaciones que esa actividad implica para los usos residenciales. “El incremento de los precios de alquiler y la limitación de la oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos”, exponen las formaciones en el texto.

Polémica medida en Santiago

Ayuntamiento, Xunta y propietarios. Estos son los tres implicados en la polémica que ha suscitado la decisión del Gobierno local de Santiago de paralizar la concesión de licencias a pisos turísticos, aprobada el pasado 19 de diciembre. Mientras el Concello compostelano insiste en la necesidad de poner freno a la proliferación de este tipo de pisos, al tiempo que atribuye al Gobierno gallego la responsabilidad de vigilarlos; los propietarios critican una medida que consideran injusta.

El alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, recalcó que el veto es una medida provisional, que se mantendrá hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) recoja una nueva regulación, y añadió que la competencia para vigilar la presencia de los pisos turísticos ilegales y, en su caso, la de sancionar a sus propietarios corresponde a la Xunta de Galicia.

Obligaciones con el nuevo año

La nueva normativa gallega sobre viviendas turísticas entró en vigor con el inicio de este año 2020. Con ella, los dueños de los inmuebles tienen que facilitar trimestralmente a la Xunta sus datos de ocupación, así como incluir en las plataformas informáticas donde se anuncien el número que las identifica en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT).

El Gobierno autonómico, para garantizar el cumplimiento de la normativa y frenar la oferta ilegal de este tipo de alojamientos, ya ha anunciado su intención de intensificar los controles.