9 noviembre, 2018
La Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC) requisó ayer un avión de Ryanair con 149 pasajeros a bordo. Las autoridades galas tomaron la medida para obligar a la aerolínea de bajo coste a pagar la multa de 525.000 euros que el departamento de Charente le reclama a la compañía por haber cobrado ayudas ilegales.
El origen del conflicto se remonta a los años 2008 y 2009. Ryanair y Transavia cobraron unos diez millones de euros de dinero público por operar en los aeropuertos de Nimes, Pau y Angoulême. Estas fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en julio del año 2014. A raíz del fallo, Francia reclama 525.000 euros a la aerolínea sin que se haya producido ningún pago hasta el momento.
Como medida de presión, las autoridades galas han tomado esta drástica decisión. Como consecuencia de lo que califican como “último recurso”, los 149 pasajeros que tenían previsto viajar de Burdeos a Londres, tuvieron que ser reubicados en otro vuelo de Ryanair con cinco horas de retraso.
No es el único frente abierto de Ryanair con las autoridades comunitarias. El pasado mes de julio se dio a conocer que la Comisión Europea investiga a la low cost irlandesa por un supuesto trato de favor en el también aeropuerto galo de Montpellier.