La auditoría para obtener el sello Covid-Free, un gasto inesperado para los establecimientos

Las reformas necesarias para cumplir con los exigentes protocolos higiénicos y sanitarios no serán lo único que tendrán que pagar hosteleros y dueños de alojamientos para colocar en sus establecimientos el sello Covid-Free y es que, además, tendrán que gastar entre 500 y 3.000 euros para que una empresa audite sus instalaciones.

La Junta de Andalucía es la primera administración que pone el grito en el cielo ante esta circunstancia y urge al Gobierno a asumir el inesperado e inoportuno gasto. «Nos parece increíble que el Gobierno quiera hacer caja con el sector turístico, uno de los más afectados de Andalucía», denunció el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Juan Marín.

Los negocios, según anunció el Gobierno y según recordó el propio Juan Marín, deberán optar, para la realización de la auditoría y previo pago, entre un listado de cinco empresas propuesto por el propio Ejecutivo español.

El coste de las auditorías llega en un mal momento para los empresarios del turismo, cuyos negocios ya están amenazados por la ausencia de ingresos derivada de los días durante los que se prolongó el cese de actividad y por el coste de las reformas que deberán asumir para poder recibir clientes y para recuperar la confianza de estos.

«La idea de este sello es que sea una ayuda, no que suponga una carga», comentó Marín, que añadió que la idea que el Gobierno había expuesto en un principio era la de que la obtención del sello no supusiera para locales de hostelería y alojamientos más gastos que los necesarios para financiar las reformas y para adquirir los nuevos productos y sistemas sanitarios y de seguridad.

El consejero de Turismo andaluz, ademas de denunciar el coste de las auditorías, reclamó al Gobierno medidas económicas adicionales a las que ya se han emprendido para reactivar un sector básico para el conjunto de España y, en particular, para Andalucía. La puesta en marcha de bonos turísticos, la reducción del IVA en el sector del 10% al 4%, las ayudas para que las empresas se adapten a las nuevas circunstancias y unos plazos más flexibles para la realización de trámites administrativos son algunas de ellas.