17 diciembre, 2019
PABLO LÓPEZ /
Ayuntamiento, Xunta y propietarios. Estos son los tres implicados en la polémica que ha suscitado la decisión del Gobierno local de Santiago de paralizar la concesión de licencias a pisos turísticos, que quedará aprobada el próximo jueves (19 de diciembre). Mientras el Concello compostelano insiste en la necesidad de poner freno a la proliferación de este tipo de pisos, al tiempo que atribuye al Gobierno gallego la responsabilidad de vigilarlos; los propietarios critican una medida que consideran injusta.
“Desde nuestro punto de vista, cualquier medida que implique prohibir es errónea. Lo que hay que hacer no es impedir que haya pisos turísticos, sino velar por que los que hay sean legales”, así se expresa la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, que acusa al Ayuntamiento de Santiago de haber tomado la decisión sin contar con el colectivo al que representa.
El alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, recalcó que el veto es una medida provisional, que se mantendrá hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) recoja una nueva regulación, y añadió que la competencia para vigilar la presencia de los pisos turísticos ilegales y, en su caso, la de sancionar a sus propietarios corresponde a la Xunta de Galicia.
Pese a atribuir la responsabilidad de controlar la legalidad de los pisos al Gobierno autonómico, Sánchez Bugallo afirma que el Ayuntamiento pondrá en marcha medidas para colaborar con esa tarea. “La intención que tenemos es reforzar los servicios de urbanismo y poner en marcha un sistema de información, justamente para colaborar en esa función”, explica.
Los propietarios de las viviendas turísticas consideran que el veto a la concesión de nuevas licencias resulta especialmente perjudicial en este momento, en el que Galicia está “a las puertas del Xacobeo”. Aviturga recuerda que son cada vez más los visitantes que optan por este tipo de alojamientos y que los prefieren frente a los hoteles.
“La gente opta por ellas porque ofrecen cosas que no hay en los hoteles”, comenta Dulcinea Aguín, que no entiende que las 641 viviendas turísticas legales que, según cuenta, existen en la capital gallega supongan un problema para el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, frente a las críticas de los propietarios, justifica la medida aludiendo al crecimiento descontrolado del número de viviendas de uso turístico. “No podemos permitir que un modelo coyuntural nos arrase el modelo de ciudad”, dijo.