Sanidad atribuye a ayuntamientos y autonomías el pago por controlar la seguridad en las playas

«El Ministerio no va a financiar ese coste». Así de claro tiene el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que su departamento no pagará ni un sólo euro para garantizar que en las playas se cumplen las medidas de seguridad frente al coronavirus fijadas para su apertura. El gasto, así como la responsabilidad de controlar lo que ocurre en los arenales, corresponde, según el ministro, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.

Illa recalca que aquellas playas en las que se incumplan las normas fijadas por Sanidad para la segunda fase de la desescalada deben volver a cerrar. «La orden ministerial que contempla la fase 2 establece unas medidas para la apertura que deben cumplirse, naturalmente. Si hay imposibilidad para adoptar esas medidas, las playas no pueden usarse. Financiar eso corresponde, en todo caso, a las comunidades autónomas o a los propios municipios», expuso el ministro de Sanidad en su última comparecencia en Moncloa.

Aunque aludió a las medidas de control y al pago de las mismas, Illa recalcó que lo más importante para garantizar una apertura segura de las playas es la responsabilidad individual o, en sus propias palabras, «que los ciudadanos se comporten de forma ejemplar».

Las palabras de Illa llegan después de lo ocurrido en playas como la Barceloneta, en Barcelona, o La Concha, en San Sebastián. En ambos arenales y en otros repartidos por la geografía española, pudieron contemplarse imágenes de grupos que ni mantenían la distancia de seguridad ni portaban ningún elemento de protección.

La orden ministerial para la reapertura de las playas obliga a que los usuarios de los arenales mantengan entre sí una distancia de seguridad de al menos 2 metros o a que, en su defecto, se protejan con mascarillas o con otras medidas. Además, los grupos no podrán estar compuestos por más de 15 personas.

Protocolo nacional en marcha

Puntos de acceso diferenciados para la entrada y la salida, garantía de las distancias mínimas entre bañistas y una limitación de aforo a concretar por los ayuntamientos o entidades encargadas de gestionar los arenales. Estos son las tres medidas básicas que establece el protocolo sanitario para las playas españolas que ha elaborado el Instituto para la Calidad Turística (ICTE) en colaboración con otras organizaciones y cuyo borrador acaba de superar la fase previa a su envío a los ministerios de Turismo y Sanidad.

El documento, que necesita el visto bueno de Sanidad, marca unas pautas generales que luego deben desarrollar las administraciones a las que corresponda la titularidad de las tareas de control y regulación de cada una de las playas. El protocolo deja pues un amplio margen a los ayuntamientos que, de hecho, ya habían anunciado medidas antes de conocer la propuesta del ICTE.