El sindicato de controladores aéreos pagará 15 ME por el caos aéreo de 2010

El sindicato de controladores aéreos (USCA) acaba de alcanzar un principio de acuerdo con la Fiscalía por el que pagaría un total de 15 millones de euros por el caos provocado por la huelga de controladores de diciembre de 2010.

El dinero se pagaría en concepto de indemnizaciones por los daños causados pero, según se ha informado desde el propio sindicato, esta decisión está supeditada en este momento a la aceptación del acuerdo en Mallorca. Recordamos que en las islas Baleares hay 84 controladores (más de la mitad de la plantilla) que se encuentran acusados de un delito de sedición, que podría llegar a estar penado con más de ocho años de prisión.

Por el momento, las personas afectadas que se han personado en la causa ya han empezado a percibir las indemnizaciones correspondientes, que ascenderían a unos 1.000 euros más los posibles gastos derivados del proceso.

El acuerdo implica la retirada de la causa por parte de los demandantes que se han personado contra los 133 controladores aéreos contra los que se dirige el proceso. También implicaría el cierre de la última causa pendiente en Baleares donde la Audiencia Provincial decidió retomar las pesquisas a instancias de la Fiscalía en 2014.

En su auto de procesamiento, dictado en 2016, el magistrado sostenía que el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas, entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, que afectó a más de 600.000 personas al comienzo del puente de la Constitución, «fue una consecuencia inevitable de la ausencia de controladores en sus puestos de trabajo».

Hechos que «pueden ser constitutivos de delito y no un mero conflicto laboral», relataba el escrito, que reproducía parte de las conversaciones entre la torre y el centro de control de Palma que pondrían de manifiesto un concierto entre los controladores para paralizar los servicios como medida de presión sobre el Gobierno.

Desde USCA apuntan a que las negociaciones en la isla, si bien quedan «algunos flecos», se encuentran «muy avanzadas», e insisten en la importancia de alcanzar este acuerdo para poner fin a un conflicto que dura ocho años y que, aseguran, pasa factura a la concentración de una plantilla «que requiere de atención extrema».