13 noviembre, 2018
La nueva ley de casas rurales en Aragón que prepara el Ejecutivo autonómico se topa con la oposición del regulador. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) critica que las nuevas restricciones que incorpora el texto supondrán un golpe a la competencia en el sector.
El organismo presidido por José María Marín Quemada señala en su informe que el nuevo reglamento de ordenación es “más intervencionista que el anterior” al incluir nuevos requisitos para las nuevas aperturas. En concreto, el texto establece que aquellos alojamientos que quieran ser considerados casas rurales deben superar dos exámenes. El primero, que se trate de un inmueble de “arquitectura tradicional” y, además, que esté ubicado en municipios de menos de 2.000 habitantes.
Estas nuevas restricciones sí las esquivarían, sin embargo, los establecimientos ya asentados. Algo que según la CNMC, que elabora este informe a petición del propio Gobierno autonómico, les otorga una “ventaja competitiva injustificada”. El regulador advierte insta al Gobierno de Aragón a retirar este punto para evitar “una restricción de la oferta” y una «limitación injustificada de la competencia”.
Este no es el único punto sobre el que se pronuncia Competencia. Los otros dos apartados controvertidos son los que se refieren a sus precios y a su explotación por particulares o empresas. En concreto, el organismo insta al Ejecutivo autonómico a retirar el punto en el que se obligaría a publicitar el precio del alojamiento en catálogos y guías oficiales. A su juicio, esta podría propiciar la “concertación entre operadores”.
Por último, la CNMC insta a que el texto aclare quiénes pueden ser los prestadores de este servicio: empresas o particulares. Según el regulador, tal y como está planteada actualmente, la normativa entraría en colisión con la regulación de viviendas de uso turístico. En esta no se admite tal posibilidad que, sin embargo, sí quedaría abierta para las casas rurales.