Así es el nuevo impuesto que entrará en vigor en 2023

La vida será más cara en 2023, eso no se le escapa a nadie. Sin embargo, al creciente incremento en el coste de la energía y los alimentos se suman cada vez más productos. A partir del 1 de enero será el turno de los plásticos y comenzará a funcionar el nuevo impuesto que grava su uso. Esto no solo afectará a las bolsas de plástico, que ya nos hemos acostumbrado a pagar, sino que repercutirá en los establecimientos hosteleros, que tendrán que cobrar a los clientes que pidan comida para llevar si los recipientes que les facilitan son de plástico de un solo uso.

También habrá que pensárselo dos veces antes de pedir una pajita o un agitador de bebida, ya que este producto también se cobrará y, al igual que ocurre con los recipientes, su coste tendrá que aparecer reflejado en el ticket del establecimiento. Lo mismo ocurrirá con los tenedores, cuchillos, cucharas y palillos, siempre y cuando sean de plástico. Evitar el pago de este impuesto dependerá del establecimiento hostelero, que podrá optar por materiales reutilizables y decidirá si los cobra o no. Otro aspecto que regula dicha ley es que los restaurantes tendrán la obligación de ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes para reducir al máximo el uso de botellas.

Desde Hostelería de España recuerdan que está pendiente de aprobación el proyecto de ley que regulará las pérdidas y el desperdicio alimentario, una norma que podría modificar alguna de las obligaciones que figuran en la Ley de residuos y suelos contaminados para
una economía circular, que entrará en vigor en un plazo de tres semanas.

Los restaurantes tendrán la obligación de ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes para reducir al máximo el uso de botellas

La comida no se tira

Todo apunta a que España contará en 2023 con una ley que regulará el desperdicio alimentario. La norma obligará a los diferentes agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan para prevenir las pérdidas y el desperdicio y contempla sanciones de entre 2.000 y 500.000 euros para quienes lo incumplan.

Algunas comunidades se adelantaron a la normativa nacional para evitar el desperdicio. Es el caso de Galicia, donde desde marzo de 2021 es obligatorio que los restaurantes entreguen los alimentos sobrantes a los comensales, siempre y cuando lo soliciten. La ley gallega se anunció en 2019, pero la pandemia bloqueó su aprobación hasta el pasado año, cuando se dio luz verde a esta norma que avanza en materia de consumo sostenible, una de las principales preocupaciones de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación) y uno de los objetivos de la Agenda 2030 del organismo.