La Generalitat acusa al Gobierno de hacer «boicot» al renunciar a la ampliación del aeropuerto de El Prat

El proyecto para la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat, que tantas críticas había recibido de grupos ecologistas, de la plataforma de la España Vaciada y del propio Ayuntamiento de la capital catalana, ha terminado por desembocar en un conflicto entre el Gobierno español, que anunció esta misma semana que no arrancaría en esta legislatura, y el de la Generalitat, que considera esa decisión como un «boicot» en respuesta a su idea de retomar los planes para llevar a cabo un referendo de autodeterminación.

«No tienen voluntad de diálogo: o aceptamos su proyecto o nada», declaró el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, atribuyera la renuncia del Gobierno a llevar al Consejo de Ministros del próximo 28 de septiembre la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto barcelonés a que, según sus palabras en declaraciones a la Cadena SER, «no hay un consenso firme».

Para el presidente de la Generalitat, la renuncia a ampliar El Prat obedece a la intención del Gobierno de presionar al Ejecutivo catalán y hacer que recule en sus ansias soberanistas, algo que, según el propio Aragonés, no ocurrirá. «No aceptaremos ni la renuncia ni la derrota. Forzaremos al Estado a una salida democrática», manifestó.

Una oportunidad perdida

«Es una oportunidad perdida». Así resumió la ministra Raquel Sánchez la polémica desatada por la marcha atrás en el proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat, una obra que considera muy necesaria para la capital catalana y que, en su opinión, se ha frustrado por la actitud mostrada por el Gobierno autonómico de Cataluña.

«Las administraciones y grupos políticos deberían estar centrados en la recuperación económica», comentó la ministra, que incidió en que Cataluña «lo ha pasado muy mal» durante la pandemia y «ha perdido muchas oportunidades». «Una inversión como esta requiere un consenso firme y la actuación conjunta de ambas administraciones (Gobierno español y Generalitat), cosa que no se da por el cambio de criterio», lamentó la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.