El cerco del Gobierno al alquiler turístico: más poder de veto a las comunidades y aumentos de costes

El Gobierno central impulsa nuevas medidas para frenar el fenómeno de las viviendas de uso turístico. Dentro de la batería de medidas para el alquiler que fueron aprobadas en el último Consejo de Ministros destacan dos que imponen restricciones a los pisos turísticos.

En concreto, el propietario de estas viviendas que luego se ofertan a través de plataformas digitales deberá contar con la autorización de más de la mitad de los vecinos. Aunque buena parte de los edificios se rigen bajo normativa autonómica y bajo los estatutos de la propia comunidad de propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal establecía que solo podía ponerse freno a aquellos pisos turísticos que fuesen rechazados con el voto de todos los vecinos. Ahora las dificultades para dar un uso turístico a estas viviendas se verá elevado. El Gobierno permitirá que basten el 60% de los votos de la comunidad para denegar los permisos a estos alojamientos.

No es la única traba a la que se tendrán que enfrentar las viviendas de uso turístico. La amenaza de una subida de precios está también el ambiente. Y es que el durante el Consejo de Ministros se dio a conocer la otra medida, que elevara, previsiblemente, los gastos de estos alojamientos. La comunidad de propietarios también podrá acordar que los pisos turísticos soporten hasta el 20% de los gastos de comunidad con independencia de su cuota. Esta vuelta de tuerca a la normativa provoca que los establecimientos tengan dos opciones: mantener precios a coste de ver mermada su rentabilidad o elevarlos a riesgo de perder atractivo frente a la oferta turística convencional (hoteles, apartamentos, viviendas rurales etc.).

Solo para los nuevos

Las medidas no tendrán carácter retroactivo (se aplicarán solo sobre los nuevos pisos turísticos que salgan al mercado), pero limitarán la expansión de una tipología de alojamientos que se encuentra en subida libre en el país. Con estas medidas, el Gobierno pretende actuar sobre uno de los focos que, a su juicio, estaría provocando la fuerte subida de los precios del alquiler que protagonizan especialmente Barcelona o Madrid.

El Gobierno central se suma a la ofensiva que han emprendido las comunidades autónomas en los últimos años. La última en hacerlo fue La Rioja, que exigirá una superficie mínima y los obligará a identificarse mediante una placa en el portal.