El sector hostelero se plantea impugnar los pliegos del programa del Imserso

El sector hotelero estudia la impugnación del pliego del programa del Imserso que califica de ‘demoledor’. Hoy mismo está previsto que las principales compañías, agrupadas bajo la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) analicen el impacto económico que el programa de mayores tendrá en los establecimientos y su posible refutación ante el Tribunal Económico Administrativo, publica Okdiario.

«Un negocio redondo para Hacienda y una ruina para el sector»

La CEHAT considera que el programa es «incompatible con el producto de calidad» que están acostumbrados a ofrecer y piden que el precio por persona se sitúe en los 25 euros y no entre los 22,10 y 22,50 euros que figuran en el pliego. Según los hoteleros «no solo no contempla ningún incremento ni de la aportación del usuario ni del Estado, sino que se permite el lujo de bajar los precios de venta al público de los paquetes, hasta un 12% en algunos casos». 

Una de las principales críticas del sector hotelero es que los pliegos del Imserso favorecen la cualificación del empleo y la ocupación, que no hay que olvidar es uno de los principales objetivos del programa de vacaciones para mayores. En este sentido señalan que «el Estado no sólo se ahorra estas prestaciones, sino que ingresa directamente todas las cotizaciones, retenciones, y otros impuestos vinculados principalmente a esta actividad. Un negocio redondo para Hacienda y una ruina para el sector».

Recomendaciones de Competencia

Al margen de la posible impugnación por parte del sector hotelero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Gobierno de España el rediseño de los tres lotes del programa para favorecer ‘la competencia efectiva’. Concretamente propuso la distinción de los lotes por actividades económicas diferenciadas, un estudio de mercado previo y posterior a la licitación y la revisión de los umbrales de solvencia.

La CNMC elaboró el informe en base al borrador de licitación del programa que fue aprobado por Sanidad y publicado el 12 de abril. En el documento recuerda que un mismo operador ha resultado adjudicatario del contrato, que tiene un valor de licitación estimado de 1.200 millones de euros, de forma sucesiva y subraya que la concurrencia en los distintos procesos ha sido escasa o nula.