17 diciembre, 2018
La idea de un AVE privado toma forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio un espaldarazo el mes pasado a este servicio al autorizar la primera ruta de este tipo. Se trata de la línea Madrid-Montpellier, cuyo proyecto está más cerca de convertirse en realidad. El grupo Intermodalidad de Levante SA (ILSA), propiedad de socios de Air Nostrum y que recibió la luz verde del regulador para poner en marcha este AVE privado, acaba de ser comprado por Acciona.
La compañía propiedad de la familia Entrecanales aportará músculo financiero y su década de experiencia en el sector a través de su filial Acciona Rail Services. El objetivo no es solo abrir paso en el camino inexplorado de las rutas internacionales, sino también competir con Renfe en el mercado nacional. Y es que la ruta está configurada con dos paradas en dos estaciones clave en el país. Se trata de las ciudades de Zaragoza y Barcelona, dos de las referencias en las líneas de Alta Velocidad, por las que cada año pasan 22 millones de pasajeros.
Según informa Expansión, quedaría por completarse la tercera pata de la operación. Ambas compañías reservan un espacio en el accionariado para la eventual llegada de un nuevo socio con experiencia en el sector. En la lista de candidatas en sumarse al AVE privado, el diario apunta a Italo NTV, la gala SNCF o la alemana Deutsche Bahn, propietaria de la compañía de transportes públicos Arriva.
Esta última maneja ambiciosos planes de expansión en el norte del país. En concreto, la compañía prevé unir las ciudades de A Coruña y Oporto en algo menos de tres horas con su propia línea de tren. El grupo solicitó la autorización a Competencia con el objetivo de comenzar a operar la ruta el próximo verano, pero, por el momento, sigue sin haber ninguna comunicación oficial por parte del regulador.
El principal escollo con el que se topa este proyecto es la amenaza de desvío de tráfico de viajeros que provocaría sobre Renfe. Y es que el tren saldría de A Coruña y haría paradas en Santiago, Pontevedra y Vigo, al igual que el servicio de media distancia ofrecido por la empresa pública. Ante esta situación, la CNMC realiza simulaciones para evaluar cuál sería su impacto sobre Renfe. Si sus ingresos se resintiesen más de un 2%, la CNMC denegaría el permiso. Si se redujesen entre un 1% y un 2%, recibiría luz verde aunque con restricciones. Por el contrario, si el golpe a sus ingresos fuese inferior al 1%, contaría con plena autorización del organismo.
Buena parte del impulso a estos proyectos procede de instancias europeas. La Comisión Europea aprobó en 2013 una directiva con la que se instaba a los socios comunitarios a liberalizar sus servicios ferroviarios en el año 2020. Pero este proceso no estará completado hasta que se apruebe el Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea (UE). Mientras tanto sí se permiten las líneas internacionales, pero se imponen restricciones si estas afectan a estaciones internas, como ocurre con la futura línea A Coruña-Oporto. Además de parar en Santiago, Pontevedra y Vigo, el ferrocarril también se detendría en Valença do Minho, Nine y Porto Campanha.