17 abril, 2019
La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer el embargo cubano a través de la ley Helms-Burton, amenaza seriamente los intereses en la isla caribeña de dos cadenas españolas con fuerte presencia en la zona: Meliá e Iberostar. Las dos compañías ya han contratado los servicios de despachos de abogados internacionales ante la posibilidad de tener que hacer frente a la petición de indemnizaciones por haber invertido en la isla.
El Título III de la ley Helms-Burton da la posibilidad a particulares cubano-estadounidenses de llevar a los tribunales de EEUU a aquellas compañías con propiedades en Cuba que eran de ciudadanos americanos antes de la Revolución Cubana de 1959. Es decir, la ley abre la puerta a interponer demandas contra personas y empresas que se hayan beneficiado, directa o indirectamente, de activos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro.
Más de 80 hoteles en la isla
EE UU anunció en marzo que permitiría demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en su”lista negra” y que incluye entidades relacionadas con la inteligencia cubana, efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que controlan la gran mayoría de los hoteles de la isla, gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras. Meliá, con más de 50 establecimientos hoteleros, es la empresa española con más presencia en la isla, seguida a cierta distancia por Iberostar, con 32. Trump asegura ahora que aplicará el Título III, que llevará a la práctica lo que ahora solo está en el papel. La medida, en principio, entrará en vigor a partir del 2 de mayo.
La ley Helms-Burton, llamada así por el nombre de sus impulsores, el senador republicano Jesse Helms y el demócrata Dan Burton, fue aprobada durante el mandato de Bill Clinton, que en 1996 permitió su entrada en vigor. No obstante, Clinton decidió suspender los Títulos III y IV de la también denominada “ley de la libertad”. Desde entonces, todos los presidentes de EE UU han enviado al Congreso una notificación cada seis meses para impedir la aplicación de ambos títulos.
La ley Helms-Burton da la posibilidad a particulares cubano-estadounidenses de llevar a los tribunales de EEUU a aquellas compañías con propiedades en Cuba que eran de ciudadanos americanos antes de la Revolución Cubana de 1959.
El Gobierno de Trump también ha amenazado con implementar el Título IV, que restringe la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan traficado con dichas propiedades.
Rechazo internacional
La respuesta internacional a las pretensiones de Donald Trump no se ha hecho esperar. La Comisión Europea ha advertido por escrito al Gobierno de EE UU con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) si confirma su intención de reactivar las sanciones, informa el diario El País, y de amenazar las inversiones de empresas europeas en Cuba.
También el Parlamento cubano –informan distintos medios de comunicación de la isla- ha mostrado su “absoluto rechazo” a la “política hostil” de Estados Unidos y su “total condena” a la ley Helms-Burton, que califica de “ilícita”, y en su última visita a Washington, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, transmitió a su homólogo estadounidense el rechazo y malestar de España.