11 enero, 2022
Arranca la cuenta atrás para Fitur, la segunda feria de turismo más importante del mundo, y la presentación de Galicia se ve salpicada una vez más por los entresijos políticos de la provincia de Pontevedra, donde la lucha entre administraciones es el pan de cada día. Por esta razón, el boicot de la Diputación de Pontevedra a la presentación de Galicia en Fitur tan solo constituye un ejemplo más de lo que los vecinos de esta provincia viven en su día a día.
En esta ocasión, la polémica surgió a raíz de la presentación del stand de Galicia en Fitur, impulsado por la Xunta, que provocó el disgusto de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ante la falta de asientos en primera fila para presenciar la puesta de largo de Galicia en la Feria Internacional de Turismo. La también teniente alcaldesa de Vigo explicó que la primera fila, que cuenta con cinco asientos, estará reservada y a disposición de la Xunta, algo que no sentó bien en la administración que encabeza. Por esta razón, la responsable de Turismo del ente provincial, que también fue concejala en el gobierno que encabeza Abel Caballero, Ana Laura Iglesias, presentó un escrito para dar a conocer su «rotunda disconformidad» con esta medida.
La directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro, lamentó que «la Diputación de Pontevedra rompa con la tradicional unidad en la representación gallega» y explicó que el entre provincial cuenta con cinco asientos a su disposición. Castro también acusó a Silva de tratar de expulsar del stand del Gobierno gallego a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, durante la anterior edición de Fitur.
La lucha entre administraciones a causa del color político ha provocado otros conflictos en la provincia de Pontevedra, más concretamente en Vigo donde uno de los ejemplos más llamativos tiene que ver con el Camino de Santiago, más concretamente la ruta portuguesa por la costa, que permanece sin la señalización pertinente, los mojones, a su paso por esta ciudad. Y es que su alcalde, Abel Caballero, se negó a conceder a la Xunta la autorización para poder instalarla.