Bruselas da un ultimátum a España para que transponga la directiva sobre viajes combinados

España e Irlanda se ganan la reprimenda de Bruselas a cuenta de la nueva ley de viajes combinados. La Comisión Europea urge con llevar a ambos países ante la Corte de Justicia de la Unión Europea si no transponen la directiva europea 2015/2302 en el plazo de dos meses. El ultimátum se produce después de que ninguno de estos países aprobase esta normativa con la que se busca reforzar los derechos del consumidor pese a que ya deberían haberlo hecho el pasado 1 de enero.

Se trata del último episodio sobre la polémica ley de viajes combinados. Pese a haber expirado el periodo transitorio de seis meses concedido por Bruselas, esta se encuentra todavía en fase de tramitación y bajo el foco de las agencias de viaje. La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) alerta de unos sobrecostes de 165 millones de euros en el caso de que se dé luz verde a proyecto de ley actual. “Causará perjuicios al sector turístico y al consumidor”, denuncian desde Fetave, que critican que el proyecto de ley “solo beneficia a las aseguradoras”.

Y es que uno de los puntos de la directiva europea gira en torno a los derechos del consumidor en caso de quiebra de la agencia de viaje. La normativa europea solo prevé la puesta en marcha de una garantía de insolvencia financiera, pero el proyecto de ley que tramita el Congreso de los Diputados incluye también una garantía solidaria. En el caso de incluirla, desde Fetave, advierten de que obligará tanto al organizador del viaje como al minorista comercializador a suscribir dos seguros diferentes “para cubrir una misma incidencia” sin que ello suponga “una mayor protección para el viajero”.

Para hacer la estimación del impacto de la medida Fetave calcula unos costes por viaje de ocho euros en gestión y de tres en seguros. Unos gastos mínimos de 11 euros que se aplicarían sobre los 15 millones de viajes que se registran cada año. Así, el sobrecoste de la medida ascendería a 165 millones de euros, que tendrían que asumir el sector y, especialmente, los usuarios, que ante la subida de tarifas echarían su mirada a otros países. “Supondrá una pérdida de competitividad”, lamentan desde Fetave, que temen que, de aprobarse el actual proyecto de ley, los usuarios contraten estos servicios a empresas de otros países donde no se aplica esta garantía solidaria que obliga a un doble gasto.