Cataluña se alía con HomeAway y Rentalia para combatir los pisos turísticos ilegales

Las comunidades autónomas protagonizan una ofensiva contra los pisos turísticos. Desde oleadas de inspecciones hasta cruces de datos con las plataformas, son algunas de las medidas impulsadas para aflorar pisos turísticos ilegales. Este trabajo recibe un impulso adicional en comunidades como Cataluña. La Generalitat acaba de sellar un macroacuerdo con cuatro grandes plataformas contra los pisos turísticos ilegales. La Generalitat de Cataluña logró el compromiso de HomeAway, Rentalia, Spain-Holiday.com y Niumba para que estas retiren de sus portales los anuncios de aquellos pisos turísticos que no están registrados. Estas cuatro plataformas se agrupan en la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), de la que, por el contrario, Airbnb decide mantenerse al margen por tenerla ya implementada.

«Además de requerir que los nuevos anfitriones indiquen si su espacio debe registrarse, los nuevos anfitriones deben dar su consentimiento para que algunos datos, incluyendo nombre, dirección o DNI, puedan ser compartidos con las autoridades locales y regionales», aclaran desde Airbnb.

La PAT, fundada el pasado mes de junio, agrupa a más de 47.000 viviendas turísticas en Cataluña. Con este paso, la asociación asegura que se “pone de manifiesto”  su voluntad “de trabajar con las administraciones públicas, al igual que ha hecho con la Generalitat, para ofrecer la máxima calidad de los alojamientos y aportar la máxima transparencia al sector del alquiler vacacional”.

Otras comunidades

Cataluña, la comunidad con más presencia de pisos turísticos, es la última en rubricar un acuerdo de este tipo. Precisamente la asociación que engloba a HomeAway, Rentalia, Spain-Holiday.com y Niumba pactó con la Comunidad Valenciana el pasado mes de septiembre que vetaría en sus portales a aquellos pisos que no figurasen en los registros oficiales.

Pero estas plataformas no son las únicas en colaborar con la Administración Pública. El Gobierno de Castilla y León anunció ayer la firma de un acuerdo con Booking por el cual la compañía se compromete a expulsar de su plataforma a aquellos alojamientos que operen al margen de las autoridades.