Los empresarios del ocio nocturno reclaman un mayor aforo para ensayar «en un entorno realista»

Los empresarios del ocio nocturno consideran que la limitación del aforo al 33% para los locales que abran durante la Fase 3 de la desescalada, además de ser inviable desde el punto de vista económico para muchos de los establecimientos, impide ensayar los protocolos «en un entorno realista», algo que consideran necesario para afrontar con garantías el momento en el que se relajen las restricciones.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche reclama al Gobierno que fije el aforo máximo en un 66%, el doble del establecido, así como una «mayor flexibilidad» en un reglamento que, entre otras restricciones, impide los bailes en las pistas de las discotecas.

«España de Noche pide utilizar la Fase 3 para ensayar los protocolos de prevención en los locales que presenten una declaración responsable ante las comunidades autónomas», expone la federación que representa a los dueños de los negocios, que fija las pérdidas que el coronavirus ocasionará al ocio nocturno durante este año en 8.000 millones de euros.

A las trabas derivadas de las restricciones, se suma el hecho de que son las comunidades autónomas quienes tienen la última palabra a la hora de decidir si los locales pueden abrir ya. Galicia y Baleares fueron dos de las primeras en anunciar que, pese a la autorización que recogió el BOE el pasado fin de semana, pospondrán el inicio de la actividad en estos negocios, al menos, hasta julio.

Preocupación en Santiago

Los hosteleros de Santiago de Compostela están muy preocupados ante la prolongación del cierre en pubs y discotecas. La Asociación Hostelería Compostela solicita al Gobierno local de la ciudad una declaración institucional de apoyo a unos negocios para los que las pérdidas acumuladas pueden convertirse en una carga imposible de soportar.

«Son muchos los establecimientos de Santiago dedicados al ocio de la noche, como pubs y discotecas, que llevan ya más de tres meses cerrados y ven peligrar su futuro», expone la entidad, que añade que «el Gobierno local debería instar a las autoridades competentes a dar lo antes posible una solución que permita garantizar la viabilidad económica y el mantenimiento de los puestos de trabajo de esta parte del sector».