¿Qué pasará con los viajes combinados?

La transposición de la Directiva europea de viajes combinados ya ha comenzado a tramitarse por el Ejecutivo central con la presentación del anteproyecto de modificación de la Ley de Defensa de los Consumidores que tanto preocupa al sector y que seguirá muy de cerca de lo largo de este año: supondrá la revisión del sistema de garantías y avales que deben ofrecer los organizadores de estos viajes. Recordamos que en noviembre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, puso sobre la mesa su propuesta para transponer la Directiva europea 2015/2302, relativa a viajes combinados y vinculados, con la que Bruselas quiere ampliar la protección al consumidor, y armonizar los ordenamientos en los distintos Estados miembros.

España debía transponer la Directiva antes del pasado 1 de enero pero los plazos no se han cumplido. Se espera que se apruebe este año aunque el anteproyecto debe ser refrendado en el Congreso . Entre otras cosas el anteproyecto apunta una subida de los costes administrativos de entre 7,5 y 9,5 euros por viaje para el organizador de viajes combinados, y de 3 euros por viaje para cumplir con la obligación de protección contra la insolvencia.

Qué son los viajes vinculados

Una combinación de alojamiento, transporte y alquiler de vehículo, eso es un viaje combinado

Los servicios que el viajero contrata al margen de que los reserve presencialmente u online, con distintas empresas. Según el marco legal, siempre que se transfiera entre esas compañías el nombre del viajero, los detalles de pago y su correo electrónico y se cierre un segundo contrato en las 24 horas siguientes a la contratación del primer servicio se debe considerar un viaje combinado. Una categoría que hasta ahora estaba reservada a los paquetes turísticos. Es decir, es una combinación de alojamiento, transporte y alquiler de vehículos.

En general esta nueva legislación no está gustando al sector: obligará a afrontar sobrecostes a cambio de más garantías y derechos para el consumidor y pone en el punto de mira los servicios complementarios, los ingresos que obtienen las aerolíneas por vender servicios que trascienden el billete de avión. Sólo en 2017, las aerolíneas sumarán más de 70.000 millones de euros en ingresos complementarios

Hace una semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguraba que considera positivo en términos generales este anteproyecto pero advirtiendo de que el establecimiento de una garantía para la protección de los viajeros podría restringir la competencia.

La cobertura de la garantía podrá calcularse a partir de datos como el volumen de negocios en concepto de viajes combinados del ejercicio anterior. Pero para la CNMC, -que emitió un informe al respecto hace uos días- presenta un “excesivo riesgo de indefinición”, dado que no se indica cómo se determinará ni si esa adaptación corresponde al empresario de forma individual o si será delimitada en la normativa autonómica. Precisamente el pasado 9 de enero los empresarios vascos del sector de agencias pedía al Gobierno Vasco que paralizase el decreto sobre avales y garantías que se está tramitando en Euskadi hasta que se apruebe la nueva normativa estatal, ya que “podría quedar superado provocando inseguridad jurídica”.