11 febrero, 2021
En una sociedad dividida entre los que quieren unas calles con bares y restaurantes abiertos y los que prefieren que la interacción social se reduzca a la mínima expresión cualquier noticia o declaración al respecto es susceptible de generar sentimientos encontrados. Cuando esa declaración la hace un juez y cuando ese juez es uno de los miembros de la sala que ordenó la reapertura de la hostelería en el País Vasco, la polémica está servida.
Las palabras del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, un día antes del fallo, ponía en duda la sapiencia de los epidemiólogos y las medidas recomendadas por los mismos para frenar los contagios han llevado al Gobierno vasco a plantearse solicitar la recusación del magistrado y, con ello, la anulación de la decisión judicial.
“Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo”, dijo el juez Luis Ángel Garrido durante una tertulia en Radio Popular de Bilbao. Aunque después matizó sus palabras, que atribuyó al fragor del debate, el hecho de que tuviera como frase de su WhatsApp No more lockdown (no más cierres) no ayuda a dejar su imparcialidad fuera de toda duda.
Diversos medios nacionales se han hecho eco de la supuesta militancia de Garrido contra las restricciones impuestas para evitar contagios, unas medidas que, según dice el propio juez, “no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media”.
La sala que preside este juez dio la razón a los hosteleros vascos que el pasado 4 de febrero presentaron un recurso para anular el cierre de sus locales. “No se aprecia con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros en el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”, recoge el fallo.
El Gobierno vasco tiene todavía margen de actuación, pues puede presentar, en un plazo de cinco días, un recurso de reposición. La sentencia, sin embargo, supone un auténtico espaldarazo a los maltrechos negocios de hostelería y puede animar a que propietarios de bares y restaurantes de otras comunidades autónomas presenten recursos similares.