Feijóo pedirá al Gobierno que impida los desplazamientos desde Madrid y Barcelona

«Yo quiero que la gente venga a Galicia, por supuesto, pero levantar el estado de alarma no significa que puedan venir a la comunidad aquellas personas que están en una situación epidemiológica distinta». Con estas palabras, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, adelantaba el pasado viernes 12 de junio que pediría al Ejecutivo el incremento del control sobre los desplazamientos a Galicia, la única comunidad que se encuentra en la ‘nueva normalidad’. El titular de la Xunta aboga por ajustar la legislación sanitaria para regular la movilidad y controlar los posibles rebrotes. Además, pide un plan que especifique los criterios para hablar de rebrote y la reacción a nivel nacional si se produce.

«La decisión que adoptamos no es abrir Galicia a comunidades autónomas con situaciones epidemiológicas peores, sino iguales», apuntaba el presidente de la Xunta de Galicia durante una rueda de prensa. En base a sus declaraciones y al calendario de las llamada ‘desescalada’, Madrid y Barcelona entrarían en la ‘nueva normalidad’ a partir del 6 de julio, por lo que, hasta esa fecha su situación no se equipararía con la del resto del país y, por tanto, no podrían viajar a otras comunidades.

Días después, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, apuntaba durante una entrevista en la cadena SER que «España necesita una norma de salud pública que permita prohibir la movilidad de determinados territorios en situación de pandemia si el número de contagios es elevado».

Apertura de fronteras internacionales a partir del 21 de junio

Si el Gobierno prohibiese los desplazamientos en el territorio nacional, los turistas internacionales podrían llegar a España antes de que los propios españoles pudieran bajar por todo el territorio nacional. Y es que, según el último anuncio del Gobierno, la apertura de fronteras internacionales para los países que forman parte del espacio Schengen llegará el próximo 21 de junio, con la única excepción de Portugal que, a petición de su propio Gobierno, no permitirá la entrada de españoles hasta el próximo 1 de julio.