Nuevas restricciones para cinco ciudades y medio centenar de municipios de Galicia

Lo que te dan por un lado te lo quitan por el otro. Eso deben pensar los hosteleros de cinco ciudades gallegas (A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra y Vigo) y de otros 50 municipios de la comunidad autónoma que ven cómo, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dejara sin validez la exigencia de certificado Covid a los clientes que había establecido la Xunta para las localidades en riesgo alto o máximo, se ven obligados a reducir de nuevo sus aforos.

El ajuste de aforos establecido por la Xunta para compensar la imposibilidad de fijar la medida invalidada por la Justicia marca que, en los municipios de Galicia en riesgo alto o máximo, la ocupación en interiores de hostelería pasa del 50% al 30%, mientras que en terrazas se mantiene en el 50%. El ocio nocturno de esas localidades seguirá cerrado, con la excepción de las terrazas, que podrán funcionar en horario de hostelería y con un 50% de aforo.

No habrá cambios para bares y restaurantes de los municipios en riesgo medio o bajo, pues en ellos ya no era preceptivo exigir la prueba PCR con resultado negativo o el carné de vacunación. Sí los habrá para el ocio nocturno, que modifica su aforo en interiores del 50% al 30% y en exteriores del 100% al 50%.

Medidas polémicas

Los hosteleros habían expresado su descontento cuando se vieron obligados a exigir certificado Covid a sus clientes, por considerar que se generaba una gran confusión y por haber constatado una oleada de cancelaciones de reservas, y, ahora, tampoco están nada contentos.

Las asociaciones que representan al sector consideran que, una vez más, se estigmatiza y se señala a la hostelería como fuente de todos los contagios cuando, en realidad, buena parte de los casos de esta quinta ola tienen su origen en actividades clandestinas y no reguladas, como es el caso de los botellones y de las fiestas privadas.

También han expresado su descontento los dos grupos de la oposición en el Parlamento gallego (BNG y PSdeG) que, después de la anulación de la exigencia del certificado Covid por parte del Tribunal Superior de Xustiza y de la última reducción de los aforos adoptada tras la misma, no dudaron en calificar como «chapuza» la gestión de la Xunta.